Tras ver publicadas las normas que regulan las prestaciones por incapacidad laboral transitoria de los diferentes cuerpos de trabajadores de la Administración de Justicia (si se nos permite calificar así a Jueces y Fiscales) podemos observar que para el Ministerio existen trabajadores con diferentes derechos.

Así vemos que las situaciones en las que Jueces y Fiscales cobraran las retribuciones en su totalidad son muy amplias, frente a las que estarán cubiertas para el resto de cuerpos.

Mentiríamos si dijéramos que nos ha sorprendido.

Tenemos serias dudas de que se vaya a hacer algún tipo de control hacia Jueces, Fiscales y también sobre Secretarios, o si lo hacen igual serán como las inspecciones de los Juzgados, vamos un cachondeo.

A los que no nos perdonaran ni una, será a los funcionarios que veremos mermadas nuestras retribuciones cuando tengamos la desgracia de caer enfermos.

A continuación os incluimos una primera circular sobre algunos aspectos a tener en cuenta en el ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia.

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Muchos nos habéis preguntado ¿cuál es la posición de Justicia y Progreso ante este proceso de movilizaciones?

Nuestro posicionamiento siempre ha sido claro: A FAVOR.

Desde Justicia y Progreso llevamos tiempo pidiendo actuaciones como trabajadores. Hemos venido reclamando de forma reiterada el empoderamiento y redignificación de los empleados públicos y ahora que vemos como se puede concretar, creemos que es el momento de ponerlo en práctica. Lo decimos desde el convencimiento de que no podemos posponer más las medidas de fuerza y debemos actuar.

También nos preguntáis, ¿por qué JyP no sé pronunció públicamente en la asamblea donde se informó del resultado del referéndum?

Porque a la vista de determinadas intervenciones desde la mesa, creímos que no era el momento adecuado ya que podría dar la sensación de querer aprovecharnos de la situación de desconcierto que se originó, y sobretodo creímos ver peligro de ruptura entre trabajadores y sindicatos. No se debe olvidar que no fuimos invitados a la mesa por los convocantes, a pesar de ser un sindicato representativo en Barcelona. Ello nos obliga a actuar con mucha cautela.

El nuestro era un silencio cómplice con los trabajadores y al mismo tiempo una discreta i severa llamada de atención a aquellos que, manifestando una dudas, planteaban otras estrategias.

No seremos, pues, nosotros quienes pongamos piedras en el camino aún a pesar de la paradoja de que (o quizás justamente por ello) siendo una organización al servicio de los derechos de los trabajadores se nos pueda pretender dejar de lado.

La huelga es algo muy importante y debe organizarse desde la unión de todos y cada uno de nosotros, como trabajadores.

Es el momento de caminar TODOS juntos, sin medias tintas, ni dudas, nos jugamos mucho más de lo pueda parecer y de nuestra unión nacerá una fuerza que nos hará lograr todo aquello que nos propongamos.

Esta es la apuesta de Justicia y Progreso.

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Más voces en contra de la asunción de determinadas competencias en exclusiva por los Procuradores lo que de llevarse a cabo provocará a largo plazo la cuasi desaparición del cuerpo de Auxilio.

¿Cuanto tardará el Gobierno en cambiar la Comisión Nacional de la Competencia?

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) lanza duras críticas hacia la figura del procurador e incluso pide su desaparición, al considerar que “esa singularidad en Europa, por derecho comparado, se muestra innecesaria”.

Así lo ha expresado en su informe sobre el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el cual pretende que la figura del procurador “adquiera un papel más relevante en su función de auxilio a la Administración de Justicia”, y contempla más actuaciones y diligencias para esta figura, que hasta ahora eran realizadas por los funcionarios de Justicia (actos procesales de comunicación, requerimiento de pago en casos legalmente establecidos, ejecución de medidas decretadas por el Secretario Judicial, entre otras).

La CNC no ha tardado en reaccionar y afirma en sus observaciones que este Anteproyecto “es gravemente perjudicial para la competencia al conceder una reserva de actividad a un único colectivo profesional”. Además, afirma que la opción de que ciudadanos y empresas puedan representarse por sí mismos sin intermediarios, supondría una importante reducción de costes, y permitiría también impulsar otras iniciativas declaradas del Gobierno como reducir  cargas administrativas de particulares y empresas, y fomentar la competencia y creación de empleo.

Competencia asegura por otra parte, que la posible eliminación del procurador, beneficiaría también al procedimiento de cada ciudadano. “La comisión sostiene que cuando la empresa o el ciudadano prefiera ser representado, debería poder elegir en España entre numerosos profesionales, de diversos colectivos, con competencias técnicas adecuadas para el ejercicio de estas funciones”

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Ante las consultas que nos estáis haciendo, pensamos que puede ser de vuestro interés las propuestas que hoy se han llevado por la Administración a la Mesa de la Función Pública de Cataluña referido a permisos y flexibilidad horaria, para conciliar la vida familiar y laboral.

Al parecer la negociación continuará el próximo día 11 de junio.

Las propuestas son las siguientes:

Ante dicha actuación iniciamos en JyP una recogida de firmas para que se adquiriera el compromiso de devolverla de forma inmediata (tenemos más de 600 firmas recogidas).

Ahora se nos anuncia la concreción de ese recorte basado en una nota informativa de la administración, y que aún no ha sido colgada en la intranet.

Desde Justicia y Progreso hemos requerido información y explicaciones como sindicato con representación en la Junta de Personal de Barcelona del contenido de dicha nota y la veracidad de la misma y nos han respondido lo siguiente:

Desde Justicia y Progreso venimos denunciando desde hace tiempo, a través de varios comunicados, el desmantelamiento que de la Administración de Justicia pretende el actual Ministro Gallardón.

En Justicia y Progreso creemos que se deben establecer, desde el inicio de cualquier movilización que se pretenda, una serie de puntos que consideramos fundamentales:

1. Cualquier movilización debe convocarse por el conjunto de las organizaciones presentes en la Administración de Justicia, tengan o no presencia en la Mesa de negociación.

2.Las movilizaciones deben alcanzar a todo el Estado

3.El comité de huelga debe incluir al conjunto de los convocantes, firmando dicha convocatoria como funcionarios al servicio de la administración de justicia y NO como sindicatos, para evitar injerencias de los sindicatos, a través de sus secretarios generales, como ya ocurrió en fechas pasadas.

4. Se deben elaborar los puntos irrenunciables De plantearse en estos términos Justicia y Progreso no tendremos ninguna duda y participaremos activamente en las mismas

Es el momento de dejar las banderas que nos diferencian y unirnos todos bajo una sola, luchando por recuperar nuestros derechos laborales y profesionales.

En el BOE de hoy hemos visto un nuevo episodio que en Justicia y Progreso no entendemos, ni compartimos.

Siempre hemos sido críticos con que un gran volumen de formación sea "articulada" a través de los sindicatos y de las organizaciones empresariales, lo que puede dar lugar a muchas dudas sobre el destino de los fondos invertidos.

Ahora vemos como también se articula la formación de Jueces y Magistrados a través de las Asociaciones Profesionales de estos colectivos.

Así, hoy en el BOE de hoy se realiza convocatoria (en la que curiosamente no se incluye el monto total de la cuantía destinada) para organizar cursos entre Magistrados y Jueces. Obviamente no ponemos en duda su capacidad para llevarlo a cabo, pero creemos que las asociaciones y organizaciones sindicales debemos dedicarnos a otros menesteres y no a organizar cursos de formación.

Recordamos que Justicia y Progreso es el único sindicato con presencia en la Administración de Justicia que no ha cobrado, ni cobrará, nunca subvenciones públicas.

Capitulo aparte merece la convocatoria publicada hoy para subvenciones a las organizaciones sindicales del Cuerpo Nacional de Policía con representación en el Consejo de Policía para el ejercicio 2013.

¿Cuantas horas habrán dedicado los Juzgados a tramitar la causa por la que se condenó?

¿Cuantas horas habrán dedicado funcionarios de la policía, de la agencia tributaria y de otros ministerios para conseguir pruebas para llevar a este señor a ser condenado?.

¿Cuantos trabajadores habrán ido a la calle en las empresas en que cometió el fraude?

En conclusión, ¿cuanto dinero ha costado este señor a la sociedad, a nuestros bolsillos?

Todo esto le da igual al Ministro de Justicia, él solito ha aprobado un nuevo indulto que provoca un desanimo en una sociedad sedienta de Justicia, de que los chorizos y estafadores paguen por lo que hacen.

Pero traquilos, no pasa nada, si quieres Justicia, pasa por caja y paga las tasas.

El Gobierno indulta a un empresario sevillano que estafó millones de euros a Aena en los años 90

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, firmó el pasado 19 de abril un Real Decreto -publicado hoy en el BOE- para indultar a Antonio Manuel Morales Fernández, un empresario sevillano condenado en marzo de 2011 por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro delito continuado de insolvencia dolosa. La pena sumaba tres años y diez meses, que la medida de gracia concedida por el Gobierno deja en dos años -para poder evitar la cárcel-.

El indultado fue condenado por “descapitalizar” cuatro sociedades a su cargo encargadas de la restauración de varios aeropuertos españoles, “desentendiéndose de manera intencionada de las obligaciones y deberes que tenía asumido [sic] con proveedores, empleados, empresa concesionaria y entidades financieras”, tal y como concluye la sentencia de la Audiencia Nacional.

A través de las cuatro firmas, Morales regentó los servicios de cafetería y restauración de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga y Jerez de la Frontera entre 1989 y 1994. Gracias al aval que le otorgaban estos contratos, firmó acuerdos millonarios con proveedores y, durante años, vació las arcas de las empresas que dirigía a través de sociedades pantalla, un entramado de movimientos de capital entre las distintas empresas, facturas falsas por “conceptos imaginarios”, la concesión de préstamos a los mismos socios que nunca devolvían o incluso métodos algo más burdos, como la retirada de efectivo.

Esta es la conclusión de unos llamados “expertos”; eso sí, expertos en la privatización y desmantelamiento de los servicios públicos.

Mañana nos levantaremos con las conclusiones de otra comisión de expertos, ahora a nivel estatal que ya ha acabado "su trabajo" según ha informado el gobierno.

Pero no os dejéis engañar, el verdadero objetivo era y es quitarse de en medio todos aquéllos que en algún momento pueden impedir la actuación libre, incluso espuria, de quienes aseguran gobernar en nuestro nombre y se llenan sus bolsillos.

DESPERTEMOS O LOS PRÓXIMOS SEREMOS NOSOTROS.

A continuación os ponemos el enlace a la circular en que desde Justicia y Progreso hacemos una reflexiva valoración de la situación en que nos encontramos.

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