¿Cuantas horas habrán dedicado los Juzgados a tramitar la causa por la que se condenó?
¿Cuantas horas habrán dedicado funcionarios de la policía, de la agencia tributaria y de otros ministerios para conseguir pruebas para llevar a este señor a ser condenado?.
¿Cuantos trabajadores habrán ido a la calle en las empresas en que cometió el fraude?
En conclusión, ¿cuanto dinero ha costado este señor a la sociedad, a nuestros bolsillos?
Todo esto le da igual al Ministro de Justicia, él solito ha aprobado un nuevo indulto que provoca un desanimo en una sociedad sedienta de Justicia, de que los chorizos y estafadores paguen por lo que hacen.
Pero traquilos, no pasa nada, si quieres Justicia, pasa por caja y paga las tasas.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, firmó el pasado 19 de abril un Real Decreto -publicado hoy en el BOE- para indultar a Antonio Manuel Morales Fernández, un empresario sevillano condenado en marzo de 2011 por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro delito continuado de insolvencia dolosa. La pena sumaba tres años y diez meses, que la medida de gracia concedida por el Gobierno deja en dos años -para poder evitar la cárcel-.
El indultado fue condenado por “descapitalizar” cuatro sociedades a su cargo encargadas de la restauración de varios aeropuertos españoles, “desentendiéndose de manera intencionada de las obligaciones y deberes que tenía asumido [sic] con proveedores, empleados, empresa concesionaria y entidades financieras”, tal y como concluye la sentencia de la Audiencia Nacional.
A través de las cuatro firmas, Morales regentó los servicios de cafetería y restauración de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga y Jerez de la Frontera entre 1989 y 1994. Gracias al aval que le otorgaban estos contratos, firmó acuerdos millonarios con proveedores y, durante años, vació las arcas de las empresas que dirigía a través de sociedades pantalla, un entramado de movimientos de capital entre las distintas empresas, facturas falsas por “conceptos imaginarios”, la concesión de préstamos a los mismos socios que nunca devolvían o incluso métodos algo más burdos, como la retirada de efectivo.
Consciente de la situación que había provocado en las empresas, en mayo de 1994 nombró testaferro de todas ellas a la abuela de su cuñada, una mujer de entonces 74 años, y las declaró en quiebra, dejando deudas millonarias a Aena, el Banco Santander y los proveedores. Diferentes juzgados declararon fraudulentas todas esas quiebras y finalmente, en 2011, fue condenado por la Audiencia Nacional.
El nombre de Antonio Manuel Morales Fernández también apareció a principios de los 90 relacionado con Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente Alfonso Guerra y delegado del Gobierno en Sevilla. El empresario, amigo de Guerra según sus propias declaraciones, fue acusado de recibir trato de favor en concesiones aeroportuarias gracias a esa relación.
El BOE de hoy también recoge el indulto de Ángel Echevarría Valero, condenado por un delito consumado de falsificación de documento oficial de funcionario público en el ejercicio de sus funciones en el año 2003. En este caso, el Gobierno cambia la condena por inhabilitación por una de suspensión, lo que significa que Echevarría podrá volver a su puesto una vez cumplida la pena (en el caso de la inhabilitación, habría perdido la plaza).
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