Al margen de las dudas que se está generando sobre el abono del 24,04% que "generosamente" Montoro anunció se nos iba a devolver y que dejaba en manos de las CCAA, dependiendo claro está de si cumplían el maldito déficit impuesto por Europa, en la Administración de Justicia se está produciendo una situación reflejo del desmadre que supone la gestión por las CCAA.

Las sentencias que se están dictando son claras y contundentes, a los funcionarios de la Administración de Justicia se nos debe devolver la paga extra de 2012 de forma integra, independientemente de la Comunidad Autónoma en que estemos destinados.

Ahora bien, a la hora de cumplir con esta obligación, las diferentes Administraciones con competencias han tomado diferentes caminos:

• Hay Comunidades donde han tenido suerte y ya han cobrado los 44 días (ese 24,04%) como ha sido en Cantabria, Canarias y País Valencià.
• Otras como el País Valencià donde además se ha acordado la devolución integra de la paga de 2012 en 2015.
• Y por último la Comunidad Canaria donde a través de una nota de prensa se ha anunciado que este mismo año se restituirá la paga integra de 2012.

No obstante, hay Comunidades como Cataluña. Andalucía y Galicia donde los recortes no han sido únicamente en 2012, no teniendo claro aún si en 2015 volveremos a cobrar aquello que nos corresponde o seremos nuevamente expoliados. En Galicia se ha anunciado que hasta 2018 no se recuperará todo y en Cataluña andan a vueltas con la aprobación de los Presupuestos para volver a cobrar las dos pagas extras integras.

En Justicia y Progreso nos preguntamos por qué si el trabajo es el mismo, si las responsabilidades son las mismas, ¿debemos cobrar salarios tan dispares? Eso deberán responderlo los padres de nuestra Constitución y sus interpretes, pero tenemos muy claro que es totalmente injusto.