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22-05-2026 01:01

Justicia y Progreso hemos recibido quejas de diversos funcionarios destinados en los Tribunales de Instancia de la Comunitat Valenciana en relación con la existencia de un dossier que obraría en poder del Colegio de Procuradores de Valencia y de sus colegiados. Ante estos hechos, hemos iniciado una serie de acciones en protección de nuestros derechos, exigiendo se depuren responsabilidades y se...

Con motivo de la incorporación de los nuevos funcionarios de carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa , tras su nombramiento y adjudicación de destinos publicada en el Boletín Oficial del Estado de 19 de febrero , esta organización sindical ha tenido conocimiento de una serie de actuaciones que, de confirmarse, podrían constituir una grave irregularidad en la gestión de los...

Desde JUSTICIA Y PROGRESO manifestamos una vez más nuestro apoyo a las distintas acciones emprendidas por la plataforma SOS REGISTRO CIVIL (a las que hemos acudido en diversas ocasiones) a lo largo de todo este tiempo, acciones que desembocarán en la manifestación del mañana día 14.

Desde este sindicato hemos observado con profundo desconcierto y preocupación todo lo concerniente a la situación de los registros civiles, encontrándonos actualmente en una situación de absoluta provisionalidad, y que salvo una nueva vacatio legis in extremis (único escenario a nuestro entender viable) se desembocará en un escenario dantesco: la entrada en vigor de la ya triste y famosa Ley 20/2011 el próximo 1 de julio.

Esto supondría simple y llanamente la desaparición de la actual estructura territorial de las oficinas registrales, es decir, la supresión de más de 8000 oficinas de registro civil, con las consecuencias ya sabidas para trabajadores y el ciudadano de a pie.

Es por ello por lo que reiteramos nuestro apoyo a las justas y necesarias reivindicaciones de la indicada plataforma SOS REGISTRO CIVIL, reivindicaciones que en definitiva son las defendidas por todos los sectores que emprendieron esta lucha hace ya tantos años; esto es, un Registro Civil público gratuito, en el ámbito de la Administración de Justicia, y dotado de los medios humanos y materiales necesarios para poder prestar un servicio de calidad.

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