Hoy hemos conocido la sentencia del Tribunal Constitucional en la que avala, en su mayor parte, el Decreto-ley de medidas económicas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, aprobado en julio de 2014.

No obstante hay un punto que nos afecta directamente y que sí es declarado inconstitucional. Curiosamente no es otro que la entrega a los Registradores de la Propiedad del Registro Civil.

Decimos que resulta curioso porque nos sorprende que ahora se dicte una sentencia que declare inconstitucionales unos artículos que fueron reformados por el gobierno en una actuación que parecía atender las justas reivindicaciones de los trabajadores y la sociedad en su conjunto.

Quizás alguien "adivinó" las intenciones del Tribunal y evitó un varapalo judicial de haber persistido en sus intenciones.

Curioso, muy curioso, aunque nos quedaremos con la desautorización hecha al gobierno del PP.

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