Mientras a los ciudadanos nos rebajan nóminas, pensiones, ayudas, ellos se mantienen las subvenciones.

Dinero hay, pero para lo que quieren.

A continuación os ponemos las subvenciones publicadas hoy en el BOE que deberéis multiplicar por 4 para conocer la cantidad anual que reciben. Aún así parece que algunos necesitan tener otras contabilidades para arreglar sus sedes.

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El Fiscal General del Estado, desde una visión centralista de la Justicia, asume la eliminación de algunos partidos judiciales.

Desde Justicia y Progreso seguimos apostando por la proximidad de la Justicia al ciudadano y por entender que es necesario mantener la actual distribución de órganos judiciales, nos oponemos a la reducción de partidos judiciales y a la desaparición de los Juzgados de Paz.

Torres-Dulce apuesta por reordenar los partidos judiciales con "moderación"

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha dicho hoy que la reducción de partidos judiciales que figura en el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial es una "decisión de carácter técnico", porque "no podemos seguir viviendo con unas concepciones de la Justicia del siglo XIX", pero también ha recordado que es un "problema" de "equilibrio, de moderación y de proporcionalidad".

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La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) ha remitido al Consejo del Notariado y al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles los borradores de los proyectos de Real Decreto por el que se modifica la demarcación notarial y registral.

La que mayores cambios introduce llevan a la unión de registros y a la desaparición de otros, generalizándose los Registros compartidos por varios registradores.

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En total parece que la intención de Atila-Gallardón es hacer desaparecer 225 plazas. Esperamos que no sea un plan para favorecer los intereses de algunos registradores de "ilustre nombre".

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Trabajadores de Justicia, algunos ataviados con chalecos de emergencia y mascarillas, han exigido al Ministerio de Justicia ante las puertas de los Juzgados en Guadalajara una solución a las deficiencias y riesgos de salud a que se ven sometidos diariamente funcionarios y usuarios ante la falta de control en materia de salud y seguridad laboral.

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La pasada semana se reunión los Jueces Decanos como conclusión de dicha reunión se Criticó que la Justicia, con mayúsculas, no sea una prioridad para el Gobierno

"A los jueces decanos no les gusta la reforma impulsada por Gallardón ni en su contenido ni en su espíritu. El informe de la comisión nacional de jueces decanos sostiene que la Jurisdicción Universal "estaba bien como estaba", aunque su análisis más crítico incide en lo que la nueva ley va a cambiar, para los ciudadanos y para los jueces mismos."

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Curiosamente, y tan preocupados como están por el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, tan solo hacen una vaga referencia a la Oficina Judicial para pedir que ellos sean quienes la "controlen".

Quizás si plantearan que el personal de la Administración de Justicia fuera personal al servicio del poder judicial, en una auténtica separación de poderes, podríamos coincidir en sus propuestas.

Actualmente tan solo hacen un análisis muy superficial de los problemas que atañen al buen funcionamiento de los Juzgados, no atacando la raíz del problema y preocupándose tan solo de su "independencia".

El viernes pasado cumplimos seis años de vida y no hubiéramos pensado en un mejor regalo que la noticia aparecida en los medios por la que imputan al número dos de Justicia por el caso ITV (el mismo caso que el de Oriol Pujol).

¿Que por qué nos alegramos? Porque quizás sea una forma de JUSTICIA poética la que se produzca. La persona que nos impuso unos servicios mínimos abusivos y conculcó nuestro derecho de huelga, tras no haber sido reprobada en el Parlament (por la negación de CiU y ERC) por estos hechos, ahora deberá comparecer ante la Justicia como imputado.

Al parecer dicha comparecencia se producirá el próximo jueves 12  en el Juzgado de Instrucción nº 9 de los de Barcelona, le esperamos.

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Allá por el 6 de junio de 2008 un grupo de compañeros creamos la asociación profesional Justicia y Progreso con la intención de conseguir un foro de debate y opinión que abordara, desde la vertiente profesional, los problemas que tenemos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

Posteriormente y a la vista del seguimiento por parte de muchos de vosotros y viendo la necesidad de crear una opción realmente diferente a las existentes en la Administración de Justicia, constituimos el Sindicato.

Hemos demostrado en estos 6 años de vida que las cosas se pueden hacer de forma diferente, hemos conseguido tirar adelante un proyecto sin la necesidad de subvenciones públicas así como cumplir con nuestro compromiso de que los liberados no cobren guardias que no realizan, compremetidos plenamente en la defensa de nuestros derechos.

Han sido, y continuan siendo, momentos muy difíciles para todos nosotros, pero hemos conseguido salir adelante gracias a todos vosotros, a los que os habéis unido al proyecto y a los que nos habéis apoyado con vuestros ánimos.

Gracias a todos por seguirnos día a día y por apoyar este compromiso hecho desde el altruismo y la honradez de los que lo componemos.

Seguimos adelante en el objetivo de que podamos cambiar las cosas y recuperar todo aquello que gobiernos de todos los colores nos han robado.

Contamos con todos vosotros.

Acuerdo de 4 de junio

Funcionarios y trabajadores de los Juzgados de Puertollano, con la presencia de nuestro sindicato, se han concentrado esta mañana ante las puertas de la sede judicial en protesta por el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que prepara el Gobierno de la Nación, al entender que constituye un “claro insulto” a los funcionarios y un “ataque sin precedentes” a la ciudadanía y al empleo en los tribunales. Según los manifestantes, la reforma podría conllevar “una amortización de plazas, reordenaciones generalizadas, movilidad geográfica u obstaculizacion de la carrera profesional”. Además, se limitan al 30 por ciento las plazas de promoción interna, “lo que supone coartar el derecho a la carrera profesional”, aseguran.

En la protesta también subyacía el malestar y la incertidumbre ante el futuro de los registro civiles, que podrían pasar a manos de los registradores de la propiedad. En este sentido, consideran “intolerable” que el Registro Civil esté siendo objeto de “pública subasta y privatización encubierta, tras casi año y medio de indeterminación y de opacidad” sobre su futuro.

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