En dicha sentencia el Tribunal Constitucional establece que esta competencia es exclusiva del Estado.

En Justicia y Progreso, siendo respestuosos con el estado de las Autonomías, entendemos que debería afrontarse una verdadera reforma de la Justicia en la que se establezca un Poder Judicial verdaderamente independiente que asuma las competencias plenas en medios personales y materiales para así poder luchar contra los delitos, especialmente la corrupción,  y así no estar limitados y al albur de las decisiones del poder ejecutivo (autonómico o central) de turno.