Como ya os hemos informado, el pasado sábado, se publicó el Decreto Ley por el que el Sr. Montoro anunció la devolución de los derechos que ellos mismos nos habían recortado por aquello de la crisis.

Desde Justicia y Progreso hemos analizado el mismo para ver que había de cierto en sus palabras.

Haciendo una simple comparativa de la regulación previa y la que ahora introducen, vemos que no es oro todo lo que reluce.

De la existencia de un derecho establecido por Ley, ahora nos encontramos con un podrá y un hasta que obviamente deja al albur de terceros que ese derecho acabemos disfrutándolo.

Que no nos engañen, esto que ahora hacen es la devolución de un pastel que era nuestro y encima envenado.

Vergüenza de gobernantes.

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Publicado el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.

En el mismo se incluyen las medidas que ayer os informábamos se habían aprobado en Consejo de Ministros.

Ahora faltan el resto de derechos que perdimos (descuento por ponernos enfermos, complemento en Juzgados de Violencia en territorio Ministerio, acción social en algunas comunidades, productividades, etc).

Tenemos claro que con esta medida y la anunciada devolución del resto de la paga de 2012 en 2016, intentan evitar las condenas en costas que pueden sobrevenir a consecuencia de un pronunciamiento a nuestro favor en el Tribunal Constitucional, así que generosidad por ningún lado, pura medida electoralista y torticera.

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Tal y como puede verse en el Resumen del Consejo de Ministros hecho público en el día de hoy, se han cuantificado en que consisten las medidas de gracia que este Gobierno ha decidido restituirnos.

No olvidemos que ellos mismos fueron los que nos los sustrajeron nada más llegar al gobierno.

Las medidas acordadas son:

a) Recuperación de parte de la paga extraordinaria y adicional de los empleados públicos correspondiente al año 2012, cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por 100 del importe dejado de percibir. La Administración correspondiente realizará el abono dentro del ejercicio 2015, siempre que su situación económico-financiera lo permita; de no permitirlo, el abono podrá hacerse en el primer ejercicio presupuestario en que dicha situación lo permita.

b) Modificación del Estatuto Básico del Empleado Público:

• Permiso por asuntos particulares: 6 días al año, con carácter general
• Permisos por asuntos particulares por antigüedad: podrán establecerse hasta 2 días adicionales al cumplir el 6º trienio, incrementándose, como máximo, en 1 día adicional por cada trienio cumplido a partir del 8º.
• Vacaciones: Cada Administración podrá establecer hasta un máximo de 4 días adicionales de vacaciones. En la Administración General del Estado se tendrá derecho a 23 días de vacaciones al año a los 15 años de servicio; a 24 días a los 20 años, a 25 días a los 25 años y a 26 días a los 30 años de servicio.

En el caso de la Administración General del Estado será directamente aplicable en 2015, a disfrutar hasta el próximo 31 de enero.

En el resto de Administraciones Públicas, será directamente aplicable en 2015 para los días de permiso por asuntos particulares, y a disfrutar hasta el 31 de enero. El resto (días por antigüedad y vacaciones), a decidir por cada Administración.

Ahora habrá que ver la forma en que se aplicará en cada una de las CCAA con competencias, que aunque entendemos son medidas de obligado cumplimiento en la Administración de Justicia por lo que a permisos se refiere, ya conocemos la intención de no pagar la devolución de la paga extraordinaria por la Comunidad Autónoma Catalana. 

Estaría bien que el Gobierno Central obligara a que en todas las CCAA se abonara aquello que nos corresponde, que no es más que el salario que hemos ganado con nuestro trabajo.

En este inicio del mes de septiembre hemos tenido constancia de las reuniones que se habrían retomado entre el Ministerio y los Registrados con el fin de privatizar el registro civil.

Pensábamos, que después de cuatro años de discusiones, debates, polémicas, y una movilización ciudadana, de funcionarios y sindical, por un REGISTRO CIVIL PÚBLICO, el Ministro lo tendría claro, pero nos sorprendió ya en verano diciendo “que no descarta ninguna posibilidad” y ahora retomando las negociaciones con los Registradores.

Pues bien, no vamos a repetir aquí los argumentos, que a lo largo de estos años, hemos expuesto hasta la saciedad en contra de la privatización de los Registros Civiles que se pretendía poner en marcha por este Gobierno. Simplemente diremos una vez más, alto y claro, el compromiso de este sindicato por UN REGISTRO CIVIL PÚBLICO, GRATUITO Y EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, desempeñado por funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.

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En la reforma de la LEC que se está tramitando, ahora ya en el Senado, se incluyen una serie de medidas que suponen de forma descarada la privatización definitiva de los actos de comunicación al reconocer al Procurador capacidad, ahora ya sin necesidad de testigos, de certificación.

Además de estas medidas también se incluye la "digitalización de la Justicia" en enero del 2016, permitirnos que seamos algo pesimistas sobre esta propuesta que demuestra lo alejado que está el gobierno de la realidad de los Juzgados.

Pero esta vez parece que algo bueno debía contener, quizás por la proximidad de las elecciones, y que viene recogido en la disposición adicional cuarta por la que ya no será necesario comparecer con abogado en las demandas contenciosas que planteemos en defensa de nuestros derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles. Algo bueno debían tener los procesos electorales.

A continuación os incluimos la circular que desde nuestro Sindicato hemos elaborado.

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La oposición pone en duda en el Senado que la eliminación del papel en los Juzgados en 2016 llegue a buen puerto

PROYECTO LEC EN EL SENADO.

La secretaria de Estado de Justicia ha informado de las lineas de inversión de su Departamento en los PGE de 2016.

El Presupuesto total será de 1.577 millones de euros.

La mayor parte del presupuesto -1.303 millones de euros- se destinará al departamento de personal, que se ha visto incrementado en un 7%. Curioso incremento cuando la subida salarial prevista es tan solo del 1% ¿Quién se llevará el resto?

Se destinarán 64,6 millones a alcanzar el papel cero en la Administración de Justicia. Conviene recordar que este dinero solamente es para su ámbito de actuación.

Se mantendrá la oferta pública de empleo en jueces y fiscales, en torno a 100 plazas, y también la del resto del personal, más de 2.000. Esta OEP para los cuerpos de funcionarios es claramente insuficiente ya que las plazas vacantes en la actualidad son más del doble de las incluidas.

Que además nos devolverán el 50 por 100 de la paga extra que nos robaron en 2012, veremos cómo y en qué Comunidades.

También se recupera el sexto día por asuntos particulares, ¿y los tres que nos faltan a los de Justicia?, y hasta otros tres días en función de la antigüedad.

En conclusión, estos Presupuestos son un juego de trileros, nos siguen devolviendo lo que nos quitaron y encima esperarán que les daremos las gracias.

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Ante el cierre del Juzgado Transversal de Mataró queremos llevar a cabo un reconocimiento a los compañeros que allí han trabajado y sacado adelante un volumen ingente de asuntos y queremos denunciar la forma nefasta de gestionar los recursos que tiene el Departament de Justicia.

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Publicado en el BOE el Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico.

Podemos ver en la exposición de motivos, que ocupa más de la mitad de las página de la publicación que siempre argumenta el buen rumbo de la economía para hacer esta supuesta rebaja de IRPF que no es tal porque antes nos lo subieron. Pero no entendemos que si es así la realidad descrita ¿por que no cumplen entonces con la exposición de motivos del Real Decreto-Ley de 13 de julio de 2012 en el que se decía que si la economía iba bien nos devolverían la paga extra "robada"? Seguramente porque damos menos votos que los que esperan obtener con la medida aprobada.

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Pero no os dejési engañar, el sindicato Gestha ya ha calcula lo que va a suponer esa rebaja y como siempre que gobierna el PP, los grandes beneficiados van a ser las rentas altas.

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No tenemos palabras para reflejar la preocupación que tenemos como ciudadanos sobre la entrada en vigor del nuevo Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, pero mejor que nosotros lo determinaron ya 60 Catedráticos de Derecho Penal cuyo manifiesto se publicó durante la tramitación de ambos proyectos y que sigue vigente en casi todos sus extremos (las modificación ulteriores llevadas a cabo no han supuesto una mejora sustancial de los proyectos tramitados).

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Creemos que el resumen que ha hecho hoy el dibujante Manel Fontdevilla para eldiario.es es la forma más rápida de ver lo que puede provocar esta reforma.

Por último queremos DENUNCIAR públicamente que los funcionarios de justicia no hemos tenido la necesaria formación para llevar a cabo esta sustancial reforma que hace desaparecer las faltas y la absoluta improvisación a la que nos vemos sometidos ya que los sistemas informáticos no preven los nuevos tipos penales.