Se ha hecho público en el BOE el anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por la que se hace pública la adjudicación y formalización de la contratación e instalación de mobiliario de oficina inventariable con destino a complementar el equipamiento de los nuevos edificios de San Cristóbal de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria.

Al parecer dicha concesión no ha estado exenta de polémica sobre la empresa que ha recibido la concesión, tal y como ha publicado en su artículo eldirario.es

Esto es uno más de los problemas que han surgido en la puesta en funcionamiento de la nueva ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora los Jueces de instrucción no quieren seguridad privada en la Ciudad de la Justicia algo que se ha ido implantando a lo largo y ancho del territorio del Estado, un paso más en la privatización de la seguridad que se ha venido realizando por las diferentes administraciones con responsabilidades en Justicia.