Después de que el pasado 13 de enero desde Justicia y Progreso formulásemos denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa por omisión por parte de los responsables del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, derivado de la ausencia de convocatoria del concurso de traslado en 2024, hemos tenido noticia de los primeros movimientos en el proceso.

En una comunicación recibida casi dos meses después de la interposición de la denuncia, el ministerio público nos acaba de informar de que ha dado traslado de la denuncia a las fiscalías de los distintos territorios, a las que considera competentes para el conocimiento del asunto.

Seguiremos pues a la espera de avances, con la confianza de que la Fiscalía actúe decididamente ante la ausencia de una convocatoria que no es que evidencie una gestión de personal deficiente e indolente, sino que consideramos que sitúa a los responsables ministeriales y de las CCAA con competencias en materia de Justicia al margen de la legalidad establecida.

Una legalidad que, de acuerdo con la LOPJ (artículo 531), exige la convocatoria anual de concurso. Y esto se burló sin rubor el año pasado, por mucho que el Ministerio de Justicia, con las organizaciones sindicales mayoritarias como comparsa, se empeñe en negarlo y en sostener lo insostenible: que corresponde a 2024 un concurso convocado en 2025, con publicación en el BOE a 24 de enero de 2025, fecha de resoluciones de convocatoria de 16 de enero de 2025 y opción a la participación de quienes se descongelaron con el arranque de dicho año. Esto no hay plan antibulos que lo soporte.

Accede a la circular sobre la interposición de la denuncia → AQUÍ