Ayer en el Senado se le preguntó a Gallardón si había valorado el Gobierno los enormes costes sociales y económicos que representará para los ciudadanos y para los territorios la eliminación de los Juzgados de Paz y de los Juzgados de Primera Instancia, tal y como se tiene previsto en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.

En un ejercicio de cinismo, debe pensar que no sabemos leer, contestó que la Ley Orgánica no suprime los juzgados de paz. Lo que hace es profesionalizar la justicia y convierte a los juzgados de paz no en órganos jurisdiccionales, pero sí en órganos que en multitud de actividades, desde comunicación hasta algunas vinculadas con el Registro Civil.

A continuación aclaró que respecto a los juzgados de primera instancia e instrucción no se va a cerrar un solo juzgado en España. Lo que hace el nuevo modelo es crear los tribunales provinciales de instancia y en esos tribunales se integran todos los órganos existentes.

Vamos, que viene a decir que todo lo cambian para que todo quede igual, pero no es así, al final da con la clave de todo la reforma y no es otra que eliminar la movilidad voluntaria a través del concurso de traslado, de forma que podrán hacer con los Jueces y con nosotros lo que les de la gana dentro de la provincia.

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