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09-05-2026 12:08

Justicia y Progreso hemos recibido quejas de diversos funcionarios destinados en los Tribunales de Instancia de la Comunitat Valenciana en relación con la existencia de un dossier que obraría en poder del Colegio de Procuradores de Valencia y de sus colegiados. Ante estos hechos, hemos iniciado una serie de acciones en protección de nuestros derechos, exigiendo se depuren responsabilidades y se...

Con motivo de la incorporación de los nuevos funcionarios de carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa , tras su nombramiento y adjudicación de destinos publicada en el Boletín Oficial del Estado de 19 de febrero , esta organización sindical ha tenido conocimiento de una serie de actuaciones que, de confirmarse, podrían constituir una grave irregularidad en la gestión de los...

Parece que el gasto en programas informáticos es un pozo sin fondo, se gastan un dineral en programas informáticos que a los dos años ya no sirven, se vuelven a gastar más dinero y nadie responde de la inoperancia en las decisiones acometidas.

No sabemos para qué sirven los políticos, si nadie puede optar por contratar programas de código libre, frente a los monopolios informáticos, si no son capaces de poner el sistema en común de todo el Estado para así estar plenamente interconectados (una utopía en la actualidad), generando las complicidades de todas las Comunidades Autónomas que seguro generarían un ahorro importante, ¿para qué queremos políticos y asesores que solo hacen que subirse las retribuciones mientras otros les hacemos el trabajo?.

La Justicia aún no ha salido del siglo XX, si es que alguna vez lo estuvo, y así nunca llegaremos al siglo XXI

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NOTA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

El pasado jueves el Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Justicia a la celebración de un contrato de servicios de atención a usuarios, mantenimiento de hardware y gestión del puesto de trabajo en la Administración de Justicia durante un período de dos años, prorrogables en otros dos, que tendrá un coste total estimado en más de veintiocho millones de euros.

La inversión es consecuencia del compromiso adquirido por el Ministerio de Justicia para llevar a cabo una modificación estructural de la Administración de Justicia mediante el desarrollo de aplicaciones y servicios que faciliten la gestión procesal de los asuntos sometidos a los tribunales, así como la implantación de nuevas metodologías de trabajo.

Estas reformas, que se orientan a la modernización de la Justicia, conllevan una transformación profunda de los procesos de trabajo de las personas que sirven a la Administración de Justicia, así como un uso intensivo de nuevas tecnologías, que requiere un servicio de soporte que atienda a estas personas y garantice el uso de sus equipos.

ACCEDE A LA REFERENCIA.

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