El descontento de los jueces es patente. Esta misma semana lo dejaron bien claro en la XXIII Reunión Nacional de Jueces Decanos que se celebró de lunes a miércoles en Sevilla.

En esta reunión se aprobaron una serie de conclusiones que nos parecen interesantes:

• cuestionan la forma de reparto de los vocales del nuevo CGPJ,
  
• la necesidad de una mayor oferta de plazas en oposición,
  
• cuestionan el actual sistema de sustituciones,
  
• se oponen a la propuesta de Ley de Demarcación y Planta por lo que hace referencia a los Tribunales de Instancia,
  
• critica la actual Ley de tasas y
  
• hacen una serie de propuestas para afrontar los procesos de corrupción.
  

Así respecto a éste último punto, analizaron el último estudio elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, en el que se señalaba que los juzgados españoles están investigando 1.661 casos de corrupción; de los cuales 302 son considerados como macroprocesos. El servicio de inspección del CGPJ reclamaba, al hilo de este estudio, 64 nuevos jueces, 18 nuevos secretarios judiciales y 150 funcionarios extra para hacer frente al creciente trabajo de los juzgados.

Los jueces quieren disponer de cuerpos de peritos contables, con expertos informáticos, con especialistas en cuestiones como las finanzas o el blanqueo de capitales para hacer bien su trabajo. Rechazan la designación de peritos por parte de la Agencia Tributaria. Y solicitaban asimismo la creación de una policía judicial, funcional y orgánicamente dependiente del Poder Judicial.

Quizás deberían haberse planteado la necesidad de que el personal de los Juzgados, fuéramos personal del Poder Judicial, al igual que existe en personal del poder legislativo y del ejecutivo, para poder conseguir una plena independencia de los otros poderes. ¿Por qué no?

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