Nuevos movimientos van observándose contra la impresentable privatización del Registro Civil.

Al parecer, los Sindicatos que negocian en Madrid han decidido hacer movilizaciones conjuntas a partir del día 20 de este mes (mañana), algo que no se percibe en algunas Comunidades Autónomas (Cataluña por ejemplo).

Compartimos plenamente el planteamiento que hace el portavoz de Izquierda Plural, recordándole que no olvide también que puede haber un conflicto de intereses en la toma de esta decisión.

El portavoz de Izquierda Plural en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha presentado varias preguntas escritas al Gobierno para pedir explicaciones sobre la intención del Ejecutivo de dejar en manos de los registradores de la propiedad la gestión del Registro Civil.

Llamazares recuerda que en una circular remitida el 12 de febrero a todos los registradores de España por el decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera Anegón, se anunciaba que el Ministerio de Justicia había comunicado dos días antes que había adoptado la "decisión definitiva de asignar a los Registradores de la Propiedad la llevanza del Registro Civil".

En este sentido, el diputado de IU cuestiona al Ejecutivo sobre “en qué fecha y en qué disposición oficial ha acordado el Gobierno la asignación de la llevanza del Registro Civil al Colegio de Registradores de la Propiedad”, así como “por qué el Gobierno negocia previamente con el Colegio de Registradores de la Propiedad todos los aspectos normativos, materiales y organizativos para la asunción de esta nueva competencia a los registradores”.

IU ha asegurado que “la asignación del Registro Civil a los registradores se hace con plena capacidad auto-organizativa del Colegio de Registradores en los aspectos relativos a la organización territorial, material, y tecnológica del Registro Civil”, y añade que se realiza “con el agravante de que el coste de la plataforma tecnológica del registro no saldrá a concurso público, aunque sea el Estado quien la pague”, unas circunstancias que considera que podrían constituir “un presunto delito de tráfico de influencias que podría interesar a la Fiscalía”.

En esta línea, Llamazares defiende de que el Gobierno podría estar excediéndose “en la cesión de competencias que le son propias, al negociar con el Colegio de Registradores no sólo las condiciones de seguridad, sino el diseño del registro electrónico e, incluso, los aspectos relativos a una nueva demarcación registral, que requerirían nada menos que el acuerdo del Colegio”.