La oposición en pleno acusó este miércoles al Gobierno de "prostituir el acto de legislar" por la celeridad indebida con que han tramitado en el Congreso el proyecto de Ley de Tasas Judiciales. Los portavoces de los grupos, en rueda de prensa conjunta, aseguraron que el motivo de la urgencia fue una enmienda introducida en la norma por el PP a instancias del Ejecutivo, para quitar la paga extra de Navidad a los jueces, fiscales, secretarios judiciales y resto de funcionarios de Justicia, lo que olvidaron hacer en el decreto de recortes del pasado julio.

Todos los parlamentarios, excepto los del PP, expresaron su rechazo a la forma de actuar del Gobierno y del PP en este caso plantando a los conservadores y ausentándose de la Comisión de Justicia que aprobó el proyecto esta tarde. El PP votó solo y sacó adelante el texto, que ahora pasa directamente al Senado, sin que el pleno de la Cámara baja lo discuta antes.

Los portavoces de la oposición –Antonio Camacho (PSOE), Mercè Pigem (CiU), Gaspar Llamazares (Izquierda Plural), Emilio Olabarria (PNV), Joan Tardà (ERC) y Olaia Fernández Dávila (BNG)– coincidieron en mostrar su indignación por la actuación del Gobierno en este caso, hurtando al pleno de la Cámara el conocimiento y votación de una Ley que afecta a derechos fundamentales y que impone cuantiosas tasas al ciudadano por pleitear, sólo para corregir y ampliar a tiempo el recorte de julio.

"Sabiendo que se trata de ahorrar sobre el derecho de acceso a la Justicia, lo que se pretende es privar de la paga extra de Navidad a todos los funcionarios que configuran el servicio público de Justicia (jueces y magistrados, secretarios judiciales y personal al servicio de la Justicia), esto no es una razón legitimante de una perversión del trámite legislativo de la intensidad que hemos tenido que soportar hoy", señaló Olabarria, quien actuó como portavoz improvisado del descontento. Y añadió: "Llevo muchos años aquí en el Congreso y nunca se me hubiera ocurrido un plante así. Pero se han cruzado todas las líneas rojas. Esto puede ser un precedente de otros procedimientos legislativos de similar naturaleza, prostituyendo la actividad de legislar, la actividad más noble, y no estamos dispuestos a que se prostituya o se pervierta la acción de legislar".

No al "cortijo de Gallardón"

Por su parte, Llamazares destacó que el PP había actuado como si el Congreso fuese "el cortijo del ministro Alberto Ruiz-Gallardón", y  Camacho declaró que las tasas judiciales crean "una Justicia para ricos y otra para pobres", por lo que era un acto de responsabilidad abandonar la comisión donde se votaba el proyecto. Enfatizaron que, "por la dignidad de la institución", los diputados de los grupos de oposición habían acordado irse de la comisión y no votar el proyecto de ley en trámite.

Desde el Grupo Popular, los portavoces Beatriz Escudero y José Miguel Castillo admitieron que, a sugerencia del Gobierno, habían introducido la enmienda objeto de polémica, que reforma el decreto de recortes de julio para introducir al colectivo de jueces y funcionarios de Justicia, que el Gobierno había dejado fuera del tijeretazo, que supone la supresión de la paga extra de Navidad de los empleados públicos.

Sin embargo, aseguraron que esa medida se podía haber introducido en la Ley de Presupuestos de 2013 –pero así no se hubiese evitado que los afectados cobrasen–, y negaron taxativamente que la presentación de la enmienda fuese la causa de la tramitación por vía urgente de la Ley de Tasas.

Suavización de la ley

Los dos diputados, junto a la otra ponente de la norma, María Jesús Moro, defendieron que el proyecto se había tramitado de forma "adecuada" y lamentaron que el resto de grupos no vayan a la misma velocidad del PP o no hayan demostrado una "capacidad de trabajo" como la suya. Reprocharon a todos los portavoces que hubieran orquestado una maniobra que era más "una pose" para "lograr titulares de prensa". Fuentes del Grupo Popular atribuyeron el plante de la oposición a que "no les había salido bien" el plan A: que el texto no pudiera aprobarse hoy "por falta de quórum, por ausencia de diputados del PP", en vísperas de puente.

En norma, los conservadores han aceptado, mediante transacciones con otros grupos, suavizar algunos aspectos el proyecto inicial. Así, rebaja las tasas previstas en el orden social (de 500 euros para recursos de apelación de despidos, y 750 euros para recursos de casación) en un 60%. Y además, en materia civil, accede a que los procesos monitorios y verbales por cuantía inferior a 2.000 euros queden exentos de tasa. Esto último fue reclamado por varios grupos en apoyo a las reclamaciones tipo del comercio minorista, según fuentes parlamentarias. "Se han introducido mejoras, pero aun así la redacción sigue siendo brutal, porque las tasas son altísimas", señalaba Pigem.