El Pleno de este Alto Tribunal ha declarado la extinción, por pérdida sobrevenida de objeto, de una cuestión de inconstitucionalidad formulada por la Audiencia Nacional contra el real decreto que suspendió el abono a los funcionarios de la paga extra de diciembre de 2012. Establece el mismo que esto se produce al haber abonado los 44 días (no en todas las comunidades se ha dado).

Esta sentencia afecta a la mayoría de funcionarios y empleados públicos, no así a los de Justicia ya que nosotros reclamamos el total de la paga extra que nos incautaron.

En Justicia y Progreso seguimos a la espera de que ese mismo Tribunal resuelva la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo en el recurso de uno de nuestros representantes. Nos gustaría que la misma rapidez que han tenido para dictar esta sentencia, la tenga para resolver nuestro recurso. ¿Ocurrirá?

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