Una vez más, y ya van..... el grupo parlamentario de CiU va a pedir en el Congreso que el conocimiento del catalán o de las otras lenguas cooficiales sea considerado un requisito para la prestación de servicios en la administración de Justicia de los correspondientes territorios.

Alegan que "la lengua no puede ser un motivo de exclusión en las relaciones de los ciudadanos con la Administración" y recuerda que los actos jurídicos realizados en catalán tienen plena validez y eficacia.

Nos gustaría conocer cuántos ciudadanos han presentado alguna queja por no haber sido atendidos en la lengua que han decidido utilizar para sus relaciones con la Justicia y ver si realmente tiene razón de ser dicha petición.

Lo que a día de hoy es incuestionable es que la Generalitat discrimina a los funcionarios de la administración de Justicia destinados en Cataluña que no tienen el nivel C de catalán.

A los hechos nos remitimos, se ha establecido como requisito en todas las convocatorias de puestos singularizados (con más retribuciones) convocados al implantar la Nueva Oficina Judicial, produciendo una discriminación laboral. Se ha llegado a dar el supuesto en que un funcionario titular (con más méritos) no ha podido ocupar una plaza y sí un interino por el hecho de tener este último el nivel correspondiente de catalán.