Ante la ausencia de convocatoria de concurso de traslado en 2024, desde Justicia y Progreso hemos formulado denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa por omisión por parte de los responsables del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas.

Frente a una gestión del personal que ha pasado de ser indolente y negligente a situarse, a nuestro juicio, al margen de la legalidad, consideramos imprescindible la intervención del Ministerio Fiscal y animamos al resto de organizaciones sindicales y a los compañeros y compañeras cuyos derechos hayan sido vulnerados a ejercitar cuantas acciones sean precisas para que este nuevo desmán no quede impune.

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