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14-02-2026 19:54

Desde Justicia y Progreso denunciamos el fracaso estrepitoso, previsible y evitable del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en la implementación de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de justicia en los partidos judiciales de la tercera fase, situación esta que es extrapolable a cualquier parte del territorio estatal. Denunciamos el trato indigno y vejatorio al que...

El Gobierno ha anunciado que creará 500 plazas judiciales en 2026 para reforzar los tribunales de instancia de todo el país y otros órganos como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de Justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Según su propia información, el nuevo modelo (Tribunales de Instancia) permite así crear una plaza judicial sin necesidad de crear un...

Desde Justicia y Progreso no tenemos palabras para calificar la situación a la que se ha llegado.

Esto es un ejemplo más de la situación anómala de distribución de competencias y la falta de interés por dotar de medios a la Administración de Justicia por parte de las Administraciones competentes.

laverdad

Orihuela presenta una demanda de desahucio del Palacio de Justicia

La socialista Antonia Moreno ha deseado no verse en "la tesitura de que la Generalitat pase por esta vergüenza de ser desalojada por no cumplir sus obligaciones"

El Ayuntamiento de Orihuela ha interpuesto hoy una demanda de "juicio verbal de desahucio por precario" del Palacio de Justicia, de titularidad municipal, contra la Conselleria de Justicia, tras "ocho años ocupado".

La demanda ha sido presentada por los concejales de Planificación y Urbanismo, Antonia Moreno y Antonio Zapata, respectivamente.

En declaraciones a los periodistas, Moreno ha deseado no verse en "la tesitura de que la Generalitat pase por esta vergüenza de ser desahuciada por no cumplir sus obligaciones".

 

Ha mostrado su pretensión de que el conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, al que ha reprochado "haber parado el buen transcurso de las negociaciones", preste "un poco más de atención a esta deuda que la Conselleria mantiene con Orihuela desde hace diez años".

El Palacio de Justicia de Orihuela fue construido y pagado por el Ayuntamiento tras la aprobación plenaria en junio de 2002 de un acuerdo-protocolo de colaboración entre las administraciones autonómica y local, que nunca fue suscrito por las partes, según fuentes municipales.

Las mismas fuentes sostienen que, de acuerdo con ese acuerdo, el consistorio asumió la construcción del edificio por un valor de 5.072.813 euros, que, con el precio inicial del suelo (545.735 euros) y el IVA correspondiente, superó los seis millones de euros.

Pese a no tener título alguno, el inmueble que ahora pretende desalojar la corporación municipal fue "ocupado" por la Conselleria de Justicias e "inaugurado oficialmente el 8 de junio de 2005", según estas fuentes.

En sus manifestaciones ante los medios de comunicación, la edil de Planificación ha asegurado que la decisión de interponer la demanda ha sido "meditada y sensata", y ha querido dejar claro que se está poniendo en cuestión a la Generalitat, no a los funcionarios que desempeñan su trabajo en las dependencias judiciales.

"Después de diez años, estamos en condiciones de pedir respeto, y que nadie nos reproche la falta de paciencia, ni que no hayamos sido reflexivos, ni pacientes", ha expuesto Moreno, quien ha dicho que "no es plato de gusto, pero hay que ser responsable y pagar", en alusión a la Conselleria.

La edil ha afirmado que lleva año y medio intentando firmar, "desde la lealtad constitucional", un acuerdo con el Consell.

Por su parte, Zapata ha asegurado que ambos ediles se han reunido con la juez decana, a quien han trasladado que la demanda no es "mediática o política".

"Necesitamos lo que costaría este inmueble o la diferencia con el edificio de los antiguos juzgados para cumplir con otro de los fines que necesita Orihuela, como es el Centro de Salud" del Rabaloche", ha señalado.

Zapata ha revelado que habían comunicado "la interposición" de la demanda contra la Conselleria al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
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