La lectura de los informes confeccionados por los propios jueces y que no han sido incluidos en el informe general sobre la actividad judicial del TSJ de Castilla y León que ha sido facilitado a los medios de comunicación, produce, en el mejor de los casos sonrojo, cuando no perplejidad.

Edificios con goteras, carentes de sistema de vigilancia o sistemas de calefacción o refrigeración. Ventanas tapadas por montañas de papel, sistemas informáticos que no funcionan o dependencias judiciales ubicadas en edificios literalmente “en ruinas”. Estos son sólo algunos de los ejemplos con los que los jueces ilustran a sus superiores cómo se ven obligados a desarrollar su trabajo diario. Todos ellos, piden al Ministerio que, al menos, les facilite un ordenador portátil y ‘pen drives’ para poder trabajar, así como los textos legales en los que deben basar sus sentencias. Y llevan, por lo menos, dos años esperando.

“La situación generada por esta insuficiencia de medios es injustificable, porque con los medios actuales resulta totalmente imposible tanto tramitar, en forma y plazos legales, los más asuntos que se encuentran en trámite antes de sentencia, como ejecutar las cerca de 2.5000 sentencias que se dictan año tras año”, señalan los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ en Valladolid.

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