Como ya venimos informando, el regalo del Registro Civil a Registradores y los actos de comunicación a Procuradores no son las únicas decisiones de este Gobierno en la privatización de la Justicia, ahora nuevamente se recuerda que en la tramitación del proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, se ha decidido que bodas y divorcios puedan ser gestionadas por notarios.

Nuevamente el argumento del Ministerio es que los notarios "son funcionarios públicos" algo que desde Justicia y Progreso rechazamos de plano. Los funcionarios públicos somos aquellos que percibimos nuestras retribuciones del Estado y no a través de aranceles.

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