El Ministerio de Economía ha abierto la puerta al Consejo General de Procuradores de España para abordar el futuro de la profesión en caso de que prospere el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, y este jueves celebrarán una primera reunión para tratar la cuestión que ha puesto en jaque al colectivo. Al final seguirán actuando de "intermediarios" entre Abogados y Juzgados, y les encomendarán las actuaciones fuera del Juzgado, lo que conllevará una reducción de plantillas en los órganos judiciales.

"Se abre una gran puerta a la esperanza que hasta ahora no estaba abierta. Espero que sea la antesala de una negociación fructífera", ha valorado Estévez, que ha explicado que se creará una comisión para estas reuniones con dos representantes del Ministerio y dos del Consejo. Parece que el Sr. Gallardón tiene más interés en satisfacer a los Procuradores que en responder a las legitimas reivindicaciones de los empleados públicos.

En su opinión, si el texto se aprobara según está planteado ahora, podría producirse una quiebra del sistema jurídico y se pondría en peligro la distinción "entre los intereses de la justicia y de la parte", perjudicando en último término al ciudadano. Si, seguro que va a ser así. ¿Acaso el Procurador es un empleado público?. Que no, que es un representante interesado de la parte, lo vistan como lo vistan, y la imparcialidad de las actuaciones judiciales solo las podemos garantizar los que ahora somos empleados públicos.

El anteproyecto contempla eliminar la incompatibilidad de la abogacía y la procura --representación ante los tribunales--, sólo condicionado al despliegue del sistema de notificación electrónica del Ministerio de Justicia y a que los colegios de abogados establezcan su presencia en los salones de notificación de los tribunales, lo que implica un periodo transitorio. A Justicia y Progreso nos parece muy acertada la medida ya que muchas veces no entendemos la utilidad real de la figura del Procurador si la comunicación con el Abogado es posible, lo que ahorrará los costes que como ciudadanos debemos afrontar para acudir a la Justicia.

Desde que se dio luz verde al anteproyecto --que aprobó el Gobierno central el 2 de agosto--, el Consejo General de Procuradores de España ha alertado de las graves consecuencias que podría acarrear para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y también para las garantías de tutela efectiva y seguridad jurídica de los usuarios. Sinceramente, no lo acabamos de entender, los que trabajamos día a día, al margen de reconocer el trabajo que muchos hacen y que podrían actuar como Abogados, no vemos que ellos sean los garantes de la tutela judicial efectiva.