Desde el sindicato Justicia y Progreso queremos manifestar nuestra absoluta indignación y rechazo ante los hechos gravísimos ocurridos en el proceso de convocatoria y resolución del concurso de traslados de los cuerpos generales de la Administración de Justicia, cuya gestión está cruzando todos los límites de la irresponsabilidad.

Por ello, nos hemos dirigido por escrito al secretario de Estado, Manuel Olmedo, para exigirle:

• La depuración de responsabilidades dentro del ministerio por el grave fallo administrativo al que estamos asistiendo con las listas de adjudicaciones definitivas.
• La publicación urgente de un informe oficial que detalle lo sucedido, los motivos de la anulación y las medidas adoptadas para evitar que este tipo de errores vuelvan a producirse.
• La identificación de la empresa o entidad externa encargada de la elaboración de los listados del concurso de traslado, así como la exigencia de responsabilidades contractuales y legales exigibles a la misma por los  perjuicios causados, en caso de determinarse que estos fueron los responsables de tamaño desaguisado.
• La compensación y reparación, en la medida en que sea posible, a todos los funcionarios afectados.

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Después de que el pasado 13 de enero desde Justicia y Progreso formulásemos denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa por omisión por parte de los responsables del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, derivado de la ausencia de convocatoria del concurso de traslado en 2024, hemos tenido noticia de los primeros movimientos en el proceso.

En una comunicación recibida casi dos meses después de la interposición de la denuncia, el ministerio público nos acaba de informar de que ha dado traslado de la denuncia a las fiscalías de los distintos territorios, a las que considera competentes para el conocimiento del asunto.

Seguiremos pues a la espera de avances, con la confianza de que la Fiscalía actúe decididamente ante la ausencia de una convocatoria que no es que evidencie una gestión de personal deficiente e indolente, sino que consideramos que sitúa a los responsables ministeriales y de las CCAA con competencias en materia de Justicia al margen de la legalidad establecida.

Una legalidad que, de acuerdo con la LOPJ (artículo 531), exige la convocatoria anual de concurso. Y esto se burló sin rubor el año pasado, por mucho que el Ministerio de Justicia, con las organizaciones sindicales mayoritarias como comparsa, se empeñe en negarlo y en sostener lo insostenible: que corresponde a 2024 un concurso convocado en 2025, con publicación en el BOE a 24 de enero de 2025, fecha de resoluciones de convocatoria de 16 de enero de 2025 y opción a la participación de quienes se descongelaron con el arranque de dicho año. Esto no hay plan antibulos que lo soporte.

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