La atribución a los Procuradores de funciones como ejecuciones y actos de comunicación que establece el proyecto de LEC, algo que RECHAZAMOS en Justicia y Progreso, supone una privatización de la Justicia de igual forma que lo sería la concesión del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad.
A continuación os extractamos la noticia publicada y que entendemos requiere de nuestra presión para lograrlo frenar si queremos tener una garantía de futuro profesional.
Una vez más vemos que el PP legisla para favorecer a determinados colectivos que tienen muchos tentáculos.
El Consejo de Estado cree que la Ley de Enjuiciamiento Civil y la de Servicios Profesionales son incompatibles porque los abogados no deberían asumir las competencias adjudicadas recientemente a los procuradores
El Consejo de Estado recuerda que si ya la atribución de actos procesales de ejecución a los procuradores, a través de la reforma de la LEC, suscitaba "importantes objeciones".