La noticia que hace unas horas os anunciabamos, se ha confirmado. El Gobierno ha aprobado el informe sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El Gobierno privatizador del Partido Popular, con el Ministro Gallardón encargado de desmontar la Administración de Justicia, ha incluido en este informe que los Procuradores:
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Realizarán los actos de comunicación.
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Ralizará embargos de bienes muebles y cuentas corrientes.
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Incrementará sus funciones en los procesos de ejecución, pudiendo realizar el requerimiento de pago en el domicilio del ejecutado o donde puedan encontrarlo.
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Podrá encargarse del depósito y de la administración judicial de los bienes embargados.
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Podrán ser designados como entidad especializada en la subasta de los bienes embargados.
La Ley confiere a los procuradores la condición de agentes de la autoridad, por lo que sus notificaciones producirán plenos efectos cuando el destinatario se encuentre en su domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución, y ya no tendrán que realizar estos actos acompañados de dos testigos.
Aclaran que será la parte quien decida al principio del procedimiento quién quiere que se encargue de dichos actos: funcionarios al servicio de la Administración de Justicia o su procurador, a su costa.
Alguien tiene dudas de quién será el elegido por el "ciudadano" demandante al que poco le va a importar lo que le ocurra al demandado?.
