En el Consejo de Ministros de hoy se ha aprobado la reforma de nuestra LOPJ que según la propia reseña indica que:
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Adapta las estructuras de la Justicia al siglo XXI.
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Se reducen los tiempos de resolución con tres medidas principales: la puesta en marcha de los Tribunales Provinciales de Instancia, fortalecimiento de la especialización judicial, y reducción de la litigiosidad mediante la seguridad jurídica que proporcionará la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo.
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Se restringe el aforamiento autonómico a aquellos expresamente previstos en los estatutos de autonomía e incluye a S.M. la Reina y a SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias.
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Desaparecen las categorías judiciales pero se mantiene la nominación de magistrado de forma honorífica.
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Se establece un sistema de consulta prejudicial que abre una vía de diálogo entre los jueces y el Alto Tribunal.
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El mes de agosto será hábil para las actuaciones cuya demora pueda causar perjuicios irreparables.
- Se potencia la función de los secretarios judiciales, que pasarán a denominarse letrados de la Administración de Justicia, como directores de la Oficina Judicial.
Conociendo los antecedentes de las reformas de Gallardón, nos tenemos que sea una nueva vuelta de tuerca en la limitación del acceso a la Justicia que se concretó con las tasas judiciales, y un mayor alejamiento del ciudadano.
Se nos presenta un negro futuro a los que trabajamos para intentar colaborar en un servicio público como es la Administración de Justicia.
